En la capital de Coahuila, la Asociación Civil Nuevas Opciones de Vida (Novac), se presentaba como un refugio para mujeres víctimas de violencia. Con un enfoque en la atención integral a estas mujeres y sus hijos, la asociación prometía apoyo en situaciones de riesgo extremo. Sin embargo, detrás de esta fachada de ayuda, se esconderían historias de abuso, nepotismo y deudas que han dejado a aproximadamente 20 personas afectadas.
Ubicada en la calle El Rosario 377, era conocida por su centro externo y refugio, donde ofrecían servicios gratuitos. Financiada por la Comisión Nacional contra la Violencia de las Mujeres (Conavim), la asociación contaba con recursos gubernamentales que ascendían a aproximadamente 10 millones de pesos por proyecto.
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“Nos prometieron un sueldo y un trabajo estable, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien”, relata uno de ellos. “Las explicaciones sobre la falta de pagos eran siempre las mismas: ‘no ha llegado el recurso’. Pero el dinero existía; solo no lo usaban para lo que se debía”.
Según los testimonios, cada proyecto tenía una duración de 10 meses, durante los cuales la asociación recibía recursos federales destinados a cubrir los gastos operativos, incluyendo el pago de salarios. Sin embargo, los empleados trabajaban durante 12 meses al año.
Esto generó confusión, ya que se les indicó que se retendría parte de su sueldo como una especie de ahorro, que supuestamente les sería entregado durante los meses en que la asociación no recibía fondos. No obstante, los afectados denunciaron que llegaron a estar sin salario durante periodos de hasta tres meses, mientras continuaban realizando su labor sin recibir compensación alguna.
NEPOTISMO Y MALTRATO
La administración de la asociación también estuvo marcada por el nepotismo. Según los testimonios recopilados por VANGUARDIA, Laura Ivonne Valdez, directora de Nuevas Opciones de Vida, y su subdirectora, Mónica Gabriela Mendoza, eran parte de un organigrama familiar que incluía a otros parientes en posiciones clave.
Entre ellos, la coordinadora del refugio, tía de Mónica, cuyo trato hacia las usuarias fue descrito como violento y despectivo. “Hacía comentarios machistas y trataba a las mujeres como si estuvieran allí por elección”, afirma uno de los entrevistados.
Las quejas sobre el maltrato no se limitaban al personal administrativo. Las usuarias del refugio denunciaron abusos de enfermeras que, además de ser familiares de la administración, mostraban actitudes hostiles hacia quienes buscaban ayuda.
Además de la falta de respeto verbal, también denunciaron que se les proporcionaban alimentos caducados. Las trabajadoras del refugio, en un intento por ocultar esta situación, eran instruidas a borrar las fechas de caducidad de los productos.
Señalaron además que, cuando las usuarias requerían atención urgente, se les negaba el servicio, dejándolas en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Por lo tanto, el sistema que debía protegerlas terminó por traicionarlas, dejándolas sin la ayuda esencial que tanto necesitaban.
LA DEUDA CON EL SAT
Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es el endeudamiento en el que han caído los ex trabajadores de la asociación. Según los testimonios, la contabilidad estaba manipulada y se les facturaba a los empleados montos mucho más altos que sus salarios reales, generando deudas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que oscilan entre los 12 mil y 100 mil pesos por persona.
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“Mónica Gabriela Mendoza Rivera, la subdirectora, fungía un rol muy importante porque ella se presentaba como subdirectora; su cargo era como administradora, pero su profesión era contadora, entonces quien llevaba toda la portabilidad de administración del recurso federal era ella.”
Los afectados señalaron que las administradoras, entre ellas Mónica Mendoza, exigieron que los empleados transfirieran sus e-firma personales, alegando que era un requisito esencial y una prestación por parte de la asociación, pues les ahorraba el “gasto” de tener que contratar un contador.
“Nos decían que éramos una institución sin fines de lucro y que no teníamos que preocuparnos por los impuestos, pero todo resultó ser una mentira”, comenta una afectada. “Cuando comenzamos a investigar, descubrimos que todas teníamos deudas significativas”.
“Nos despedían por levantar la voz, éramos las malagradecidas”, afirma una de las afectadas.
Sin embargo, muchos de los trabajadores no comprendían plenamente las implicaciones de este proceso y, al solicitar aclaraciones, se encontraron con evasivas y falta de comunicación. Este ambiente de opacidad no solo alimentó la desconfianza entre los empleados, sino que también despertó sospechas sobre la gestión de los recursos y el verdadero propósito de la firma.
Con el aumento de la preocupación, los trabajadores decidieron dar un paso adelante y denunciar las irregularidades a la Conavim, que realizó una auditoría en el lugar, evidenciando que las quejas sobre la mala gestión administrativa eran reales.
A pesar de que la auditoría confirmó las irregularidades denunciadas, el Patronato que supervisaba la asociación se mostró desconectado de la realidad. “Ellos tenían la responsabilidad de saber lo que ocurría, pero ni siquiera estaban al tanto”, asegura una ex empleada.
La respuesta a ello fue el cierre del refugio, dejando a los empleados y a las mujeres que buscaban ayuda sin opciones y sumidos en la incertidumbre, pues señalan que tenían meses sin percibir un salario y hasta el momento no han recibido tampoco su liquidación.
Frente a esta situación, las personas afectadas decidieron presentar una denuncia formal en conciliación y arbitraje laboral, buscando justicia y compensación por lo sucedido. Sin embargo, el proceso ha sido largo y agotador, y las respuestas hasta ahora han sido insatisfactorias.
Los trabajadores se sienten atrapados en un ciclo de injusticia, luchando no solo por sus derechos laborales, sino también por su dignidad como personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo a ayudar a otros.
“Nos formamos para atender a las mujeres, pero nadie nos protegió”, lamenta otra trabajadora.
Hoy, casi cuatro meses después del cierre de Nuevas Opciones de Vida, los ex empleados enfrentan un futuro incierto. Sin salario ni liquidaciones, y con deudas que siguen creciendo, la angustia se apodera de quienes dedicaron su tiempo a ayudar a otros.
“Nos culpan de haber hecho ruido, pero solo queríamos que se hiciera justicia”, concluye una de las voces.
ADMINISTRADORAS NIEGAN ACUSACIONES
Ante los señalamientos, VANGUARDIA buscó la respuesta de quienes fungían como administradoras de la asociación. A continuación, se presenta de manera íntegra la declaración que enviaron por escrito a este medio informativo:
Ivonne Valdés:
Yo soy una trabajadora más de Novac que de hecho también estoy demandando laboralmente a la organización porque me despidieron sin motivo, solicitándome mi renuncia.
En este mismo sentido, debes saber que yo era DIRECTORA del Refugio que atendía a Mujeres, sus hijas e hijos. Mi función era atender estos temas, pero Novac tiene o tenía muchas más actividades… Yo nunca tuve poder de mando jurídico de la Organización. La Organización tiene una representante legal y un Patronato; son ellas las que firman los convenios.
En 2024 no tuvimos ninguna auditoría, como sí las tuvimos en todos los años previos. Pero no era una auditoría para Novac, eran auditorías para revisar la aplicación del recurso asignado para el REFUGIO. Tuvimos auditorías de la ASF y del CNEGSR, Indesol y, en los últimos años, de Conavim, que fueron las dependencias federales con las que se celebraba el convenio cada año para la operación del Refugio. TODAS FUERON ATENDIDAS Y TODAS LAS OBSERVACIONES atendidas y subsanadas, precisamente por eso cada año se podía acceder al recurso federal, era un requisito. En 2024 tuvimos una “VISITA DE SUPERVISIÓN”; no es lo mismo. Estas visitas son eso, visitas para ir viendo cómo opera el REFUGIO, no son para ver cómo opera Novac.
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Desconozco por qué Novac tomó la decisión de cerrar el Refugio, y no sé si todas las actividades de Novac, pero te repito, esa decisión no depende de ningún trabajador o trabajadora de Novac. Fue una decisión tomada por el Patronato; la decisión me sorprendió muchísimo y también a mí me afectó, dejándome sin trabajo.
Por último, te comento que yo personalmente nunca tuve acceso al manejo de ninguna cuenta bancaria de la Organización, y mucho menos alguna estuvo a mi nombre o algo parecido. Nunca firmé ningún convenio con ninguna dependencia federal, ¡nunca! Mis funciones fueron siempre operativas. Eso lo puedes constatar revisando los convenios que se suscribían año con año con las dependencias federales.
Gabriela Mendoza:
Solo quiero comentarte que el día 24 de junio se presentó la representante legal con otras personas y me despidieron. Me comentaron que tenía que firmar mi renuncia voluntaria, que, si no, me tendría que atener a las consecuencias. Yo en ese momento me comunico con un abogado, y me dice que no firme nada. Yo soy trabajadora; debido a esto, yo también interpuse mi demanda laboral.
En este mismo sentido, debes saber que yo era la administradora del Refugio. Mi función era atender el tema de elaboración de los proyectos federales que se presentaban año con año, así como presentar cotizaciones de proveedores y revisar diariamente las necesidades del refugio, tanto para las familias como para el personal operativo. Se revisaba con el Patronato el presupuesto semanal para que realizaran los pagos, ya sea por transferencias, cheques o efectivo, los cuales los realizaba el Patronato, y la programación de las compras para el funcionamiento del Refugio. Yo no tuve poder de mando jurídico de la Organización; la Organización tiene una representante legal y un Patronato, son ellas quienes firman los convenios.
Cada año teníamos la supervisión por parte de la federación, de las diferentes instancias por las que estuvimos participando en los proyectos, como el Centro Nacional, Indesol y, últimamente, Conavim. Ellos auditaban la correcta ejecución del recurso, así como la atención de las mujeres y el personal operativo. Al término de la supervisión, nos elaboraban cédulas de observaciones que se tenían que subsanar en un tiempo determinado. Incluso el año pasado tuvimos la Auditoría Superior de la Federación, donde no se contó con observaciones. Y con esto, cada año obteníamos las cartas de liberación, que es un requisito para poder tener acceso al siguiente recurso federal.
Desconozco por qué el Patronato tomó la decisión de cerrar el Refugio, porque ya se tenía autorizado el presupuesto para el 2024. Es una decisión que me imagino fue tomada por la representante legal, ya que nosotras solo somos trabajadoras de Novac.
Por último, te comento que yo no firmaba en las cuentas de la asociación, ni tenía acceso para poder realizar algún movimiento. Como te comento, yo no era la representante legal. Para los convenios que se celebraban con diferentes dependencias, siempre estaban a cargo de la representante legal.
