El INE distribuirá a los diputados federales plurinominales con base en el artículo 54 de la Constitución; es decir, considerando el límite de 8% a la sobrerrepresentación por partido, no por coalición.
Lo anterior daría a Morena hasta 248 diputados bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de acuerdo con cálculos de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. A estos, el oficialismo podrá sumar los que se le asignen por separado a sus aliados, el PT y al PVEM.
Tras afirmar que el INE “ni quita ni pone”, sino que sólo aplica la ley, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del instituto, se refirió a un acuerdo aprobado por los consejeros electorales el pasado 7 de diciembre, el cual establece que ningún partido político puede rebasar, en ocho puntos porcentuales, el porcentaje de su votación en los comicios, con respecto al número de curules en la Cámara de Diputados.
Para Taddei, el acuerdo tiene el “sello de la definitividad”, aunque no se menciona expresamente que esa limitante aplique a las coaliciones electorales.
La consejera Dania Ravel adelantó que la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el proyecto de dictamen para asignar las diputaciones plurinominales, el cual se aprobará en comisiones el 21 de agosto y se subirá al pleno del INE el 23 de ese mes.
Al respecto, la presidenta Taddei afirmó que cada integrante del Consejo General del INE tendrá el derecho de tomar una postura cuando se vote dicho proyecto.
“INE SÓLO APLICA LA LEY”
INE, Guadalupe Taddei, dijo que se apegarán a la Constitución y lo que quedó plasmado en el acuerdo del 7 de diciembre de 2023, para la asignación de diputaciones de representación proporcional, pero explicó que cada consejero y consejera tiene derecho a tomar una postura que se conocerá el próximo 23 de agosto.
Señaló que tiene respeto por todos los puntos de vista y análisis que se han hecho respecto al tema de la sobrerrepresentación y que el INE se colocará en el lugar de “cumplir la ley al cien por ciento”.
Adelantó que seguirán reuniéndose con organizaciones civiles que soliciten encuentros con las consejerías y que el Instituto “ni quita ni pone”, sólo aplica la legislación vigente.
Aclaró que las posturas de las organizaciones civiles y académicos, son elementos útiles para la reflexión jurídica que debe tener cada una de las consejerías y “en ese momento estamos, por eso no podemos hablar mucho”.
Reiteró que el acuerdo del 7 de diciembre tiene el “sello de la definitividad” y algo “maravilloso de este acuerdo fue que todos los partidos y las consejerías lo conocimos al mismo tiempo, antes de que hubiera candidatos, antes de los resultados” y eso da certeza a los actos del instituto.
El acuerdo del 7 de diciembre se refiere al mecanismo para asignar a los diputados de representación proporcional que, a su vez, remite al artículo 54 de la Constitución, el cual prevé que ningún partido puede rebasar, en ocho puntos porcentuales, el porcentaje de su votación en los comicios, con respecto al número de curules en la cámara.
En ese artículo no se menciona expresamente que esa limitante se aplique para las coaliciones, por lo que, en las últimas semanas, partidos de oposición y organizaciones ciudadanas han pedido que se haga una interpretación histórica y garantista del artículo 54, para privilegiar el equilibrio y la pluralidad.
Si la mayoría de las consejerías aprueban la asignación de plurinominales con la ley y el acuerdo, en sus términos, como se ha hecho en 2021, 2018 y 2015, se perfilaría que Morena y sus aliados tengan la mayoría absoluta en diputados, con una sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales, por encima de lo permitido por la ley para los partidos.
Por su parte, la consejera Dania Ravel subrayó que las áreas técnicas no tienen línea de los consejeros de cómo aplicar los criterios, por lo que la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos construirá el anteproyecto de dictamen, desde su autonomía, y luego ellos revisarán y emitirán su opinión.
Adelantó que la comisión se reunirá el 21 de agosto para aprobar el anteproyecto de dictamen que luego subirá a Consejo General el 23 de agosto.
Ravel explicó que el momento para hacer observaciones o solicitar cambios de lo que presente Prerrogativas será durante la comisión del 21 de agosto, y no antes.
En tanto el consejero Uuc-kib Espadas, en entrevista por separado, recordó que los criterios tienen que ver con la afiliación efectiva, para contabilizar a los legisladores en la bancada del partido en el que aparecen como militantes y que están valorando los argumentos de quienes objetan el acuerdo de diciembre y verán si “alcanza” para modificar los puntos de vista.
Subrayó que lo que verán son los argumentos legales y no los políticos.
PREOCUPA VUELTA AL HIPERPRESIDENCIALISMO
Al continuar los foros Voces contra la Sobrerrepresentación, los politólogos María Amparo Casar y José Woldenberg sostuvieron que, de no revertirse la pretensión gubernamental de asignar a la coalición oficialista 74% de las curules de la Cámara de Diputados, México retrocedería más de medio siglo en materia democrática.
Convocados por el Frente Cívico Nacional, ambos expositores coincidieron que de la decisión que tomen el INE y el Tribunal Electoral dependerá el futuro del país en la garantía de contar con un Congreso en el que sean escuchadas las voces de la pluralidad mexicana.
María Amparo Casar advirtió que se corre el riesgo de ingresar, de nueva cuenta, en la ruta del hiperpresidencialismo, que con la transición democrática se buscó superar.
De esa decisión del INE, primero, y del Tribunal después, depende el que una sola fuerza pueda modificar la Constitución a su antojo y ese antojo de la coalición que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre apunta a cambiar el régimen político”, expuso la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Consideró que ese cambio de régimen apunta hacia una dirección contraria a la lucha por democratizar al país. “Es una dirección que nos lleva de vuelta al hiperpresidencialismo”.
Alertó Casar que la regresión de ese reparto legislativo también sería adverso a los derechos de las minorías políticas, porque se anularía la posibilidad de acceder a la herramienta de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ya que para hacerlo se necesita 33% de los votos de alguna de las dos cámaras.
José Woldenberg, primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hizo una revisión histórica de la representación parlamentaria en México, destacando que la fórmula actual de reparto de diputados plurinominales se diseñó en la reforma de 1996, producto de un intenso debate.
El académico contó que se llegó “a una negociación pragmática: ni cláusula de gobernabilidad ni una sobrerrepresentación excedida; por eso que en la Constitución se dice que ningún partido puede tener 8% por encima de su votación; ése fue el límite que se estableció”.
Agregó que también se precisó que ningún partido político puede tener más de 300 diputados, es decir, 60%. “Eso está intocado hasta la fecha en la Constitución. Y en la ley reglamentaria se estableció que partidos y coaliciones eran equiparables”.
Invitó a revisar la prensa de entonces para documentar que se anunció con bombo y platillo que esa reforma implicaba que ninguna fuerza política iba a poder modificar la Constitución por sí misma.
Y se dará cuenta que ésa era la intención y no la que ahora se quiere leer, que es la de permitir que dos o tres partidos puedan tener una sobrerrepresentación o que, por la vía de las coaliciones, se haga cera y pabilo de la disposición constitucional del ocho por ciento”.
Sin embargo, reseñó, en la reforma de 2007 se removió la frase en la que partidos y coaliciones eran equiparables, porque se dio el cambio de que en la boleta se distinguiría la votación por cada partido aun cuando fuera en coalición. Por eso, ejemplificó, el PES era parte de la coalición ganadora, perdió su registro en 2018 porque le faltaron votos.
Ésa era la intención de la reforma del 2007, no la de permitir que ahora una coalición o un partido se pueda servir con el cucharón grande en términos de representación”, cuestionó.
-Ivonne Melgar
REPRUEBAN A PARTIDOS EN 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA
De acuerdo con un informe dado a conocer ayer por la organización feminista Todas MX, los siete partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE) quedaron a deber en el cumplimiento de la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia.
Participante en la observación electoral registrada ante el INE, esa plataforma lamenta en su reporte las fallas de procedimiento y la falta de voluntad que constataron en la primera aplicación de esa regulación legislativa que busca evitar que agresores, acosadores y deudores alimentarios, así como quienes cometen violencia política, participen en elecciones y accedan a cargos públicos.
Todos los partidos políticos fallaron en la selección de candidatos, ignorando las recientes normativas constitucionales para elegir a sus representantes populares y, a su vez, violando las leyes vigentes que castigan la violencia contra las mujeres”, se indica en el informe entregado al INE.
La actuación del INE fue inadecuada o inexistente en la implementación de la Reforma Constitucional denominada Ley 3 de 3 contra la violencia”, se concluye en el documento.
La denominada Observatoria Nacional Ciudadana Todas Mx documentó durante el proceso que existían 59 perfiles que, por su condición de agresores, no eran aptos para contender y ocupar un cargo público debido a su falta de ética y responsabilidad y, sobre todo, por la violencia ejercida contra mujeres, niñas y niños.
De ese ejercicio se derivaron 59 antiboletas que daban cuenta de la situación de cada aspirante a cargo de elección popular.
Cálculo: La Secretaría de Gobernación ha detallado que, tomando en cuenta lo que marca la Constitución, Morena tendría hasta 248 diputados de mayoría relativa y plurinominales, a los que se sumarían los que alcancen sus aliados del PT y PVEM.
-Ivonne Melgar
