Dubái- “Se ha perdido esa visión” de solución para la crisis climática y ahora se ha dividido en dos, señaló a EFE: “el mercado regulado que se hace a través de los gobiernos y el mercado voluntario en el que intervienen gobiernos y empresas. Ahora hay una lucha, una cacería de crédito de carbono en nuestros territorios que prácticamente nos quieren pasar por encima arrastrando los derechos”.
Según explica la ONU, los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono, y las empresas o las personas pueden utilizar esos mercados para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos de carbono de entidades que eliminan o reducen sus emisiones.
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Un crédito de carbono negociable equivale a una tonelada de CO2, o la cantidad equivalente de un gas de efecto invernadero diferente.
AUMENTA EL CRIMEN
Sucre Romero, que también es coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), que representa a comunidades desde Panamá hasta México, afirmó que este tipo de mercado “no respeta” sus tierras e “impulsa el aumento de la criminalización”.
Por ello están discutiendo en la COP28 con los gobiernos y las empresas que “lo detengan un poco” y que se trabaje “sobre los derechos de los pueblos indígenas antes de entrar en un mercado de carbono”.
Pero, ¿quiénes son los que están interesados en este mercado de carbono en tierras de los indígenas? Sucre Romero aseguró que hay “intereses de oenegés, de empresas que quieren acaparar. Esto puede ser para cobrar ese crédito de carbono en esos bosques, aunque sean de usos ancestrales”.
Como ellos no tienen reconocimiento legal, indicó el activista, ahí empiezan los conflictos y es donde van las empresas.
Acusó a los gobiernos, sobre todo después de la pandemia de la covid-19, de ver en los recursos naturales “una oportunidad de hacer dinero rápido”, por lo que “aumenta esta presión y la criminalización”.
FINANCIACIÓN DIRECTA A LOS INDÍGENAS
Ante estos problemas e intermediarios, diversos pueblos indígenas repartidos por Latinoamérica han venido a esta COP28 unidos en asociaciones para exigir una financiación “directa”.
“Mira dónde estamos construyendo los acuerdos, en lugares muy lejos de donde están las comunidades; en edificios de las capitales, con gente que nunca ha puesto un pie en un bosque y está decidiendo cómo invertirlo con nosotros”, lamentó el costarricense.
Señaló que hay una “ruta más corta” que se ha propuesto para esos fondos, la de la plataforma Shandia, que controla cómo se gasta el dinero destinado a abordar el cambio climático y la degradación de la tierra.
Para él, los mecanismos de implementación de los fondos del clima “no están diseñados para que lleguen a los pueblos indígenas locales, ese es el primer problema, y el segundo está precisamente en la corrupción, especialmente en nuestros países no desarrollados, que necesitan resolver sus finanzas lo más rápido” posible.
Por otro lado, Milton Callera, coordinador general de la Coordinadora Binacional de Nacionalidad Achuar del Ecuador y Perú, subrayó que cuando hay financiamientos con terceros, “prácticamente no llegan los recursos al territorio”, pues entre el 50 y el 70 % se queda en el camino.
Por eso defiende una financiación directa con un mecanismo con el que se rendirían cuentas y que sería totalmente transparente, lo cual daría “mayor credibilidad a las organizaciones indígenas”.
Precisamente hace dos días, la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) expuso en un informe que los donantes siguen utilizando sistemas inadecuados y anticuados para documentar y entregar la ayuda al desarrollo, y a menudo envían el dinero para los pueblos indígenas y las comunidades locales a través de terceros, lo que limita las cantidades que les llegan.
Por Isaac J. Martín, Agencia EFE.
