Ciudad de México. A un año de la desaparición de los líderes ambientalistas Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, los avances de la investigación “han dado cuenta que el motivo de su desaparición se debió a un conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina Las Encinas en el municipio de Aquila, Michoacán.
Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, al presentar un avance de las investigaciones y trabajos de búsqueda por la desaparición de dos líderes ambientalistas en los límites de Michoacán y Colima, durante la sección Cero Impunidad en la mañanera presidencial.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional el funcionario detalló que hay dos personas detenidas por este delito.
Dijo que a la fecha se han realizado 50 acciones de búsqueda en vida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y 42 jornadas por de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Además de 20 reuniones entre autoridades federales y locales para atender el caso, así como ocho encuentros con familiares y representantes legales de las víctimas.
El pasado 15 de enero de 2023, Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán, y Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, fueron víctimas de desaparición en los límites entre Colima y Michoacán por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero.
Al cumplirse un año de esa desaparición, Rodríguez Bucio informó que ayer se realizó una reunión entre representantes y familiares de las víctimas, con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y otras autoridades, donde se acordaron las siguientes acciones:
Continuar y reforzar las acciones de búsqueda humanitaria, protección a testigos y familiares, proporcionar los avances de las indagatorias, que se dé la coordinación institucional entre las dependencias que participan en la investigación y búsqueda, que participe la Coordinación Nacional Antisecuestros para cumplir las órdenes de aprehensión vigentes y dar seguimiento a los procesos jurídicos de los presuntos responsables.