El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) expresó su “profunda indignación” por los hechos en los que seis migrantes murieron y diez más resultaron heridos por disparos de elementos del Ejército Mexicano en Chiapas. Llamó al Instituto a convocar a las autoridades en materia de seguridad para que “establezcan compromisos para eliminar toda práctica que implique excesos en el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la criminalización” de migrantes.
“Hacemos un llamado a la nueva administración del Poder Ejecutivo para que asuma su responsabilidad y debida diligencia en las investigaciones que se realicen para sancionar a los responsables de esta tragedia”, indicó el Consejo Ciudadano del INM tras externar su “profunda preocupación por la impunidad que ha prevalecido en tragedias anteriores, en las que ni la muerte, ni la violación a la dignidad de cientos de personas han recibido justicia, verdad o reparación de daños por parte del sistema de justicia que merecen las personas en contexto de movilidad”.
Por medio de un pronunciamiento que difundió esta mañana en redes sociales, recordó que el martes, un vehículo fue interceptado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, donde “personal militar disparó en contra del vehículo y se identificaron a 33 migrantes, de los cuales 4 fallecieron en el momento, 2 fallecieron posteriormente, 10 fueron heridos y 17 estuvieron ilesos”.
#Comunicado 📢 Sobre los hechos del 1 de octubre en Villa Comaltitlán-Huixtla.
Hacemos un llamado al @INAMI_mx a convocar de forma urgente a las autoridades en materia de seguridad pública para establecer acuerdos que garanticen los DDHH de las personas en contexto de movilidad. pic.twitter.com/cs4tbyh8fh
— Consejo Ciudadano del INM (@CC_INM) October 3, 2024
Al respecto, indicó que “hacemos eco de las exigencias de la sociedad civil, para implementar normas acordes con las obligaciones de derechos humanos, además de asegurar los derechos y reparación de las víctimas de este caso”.
Conforme a las atribuciones de esta instancia, subrayó, hacen un llamado a este Instituto para que convoque de manera urgente a las autoridades en materia de seguridad pública, con la intención de “establecer acuerdos contundentes que garanticen los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad y establezcan compromisos para eliminar toda práctica que implique excesos en el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la criminalización de las personas migrantes”.
Dicho consejo es un órgano de participación ciudadana que tiene la facultad de opinar sobre la ejecución de la política migratoria, así como formular propuestas de acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, entre otras tareas.
