Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), gastó junto con su equipo de trabajo 39 millones 306 mil 792 de pesos en Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales, durante el periodo 2023-2024 a Ciudad Juárez, Chihuahua.
En otro concepto, por vuelos de avión Francisco Garduño gastó 666 mil 347 pesos, así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Administración de Recursos y la Dirección de Recursos Financieros, mediante la solicitud de información con el número de folio 330020324001232.
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“Al respecto, en atención a la información de interés del peticionario, permito hacer de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los registros y archivos que obran en esta dirección a mi cargo, en aras de la máxima transparencia, se informa lo erogado por concepto de vuelos por parte del comisionado Francisco Garduño Yáñez, respecto del periodo señalado”, resaltaron las dependencias en su respuesta.
Asimismo, destacaron que existe una partida que corresponde a Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones oficiales y otro denominado Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos.
Sin embargo, las dependencias no compartieron por rubro los gastos de Garduño y su equipo por concepto de vuelos, viáticos, transporte u hospedaje en Ciudad Juárez.
El UNIVERSAL también solicitó los gastos que generaron sus abogados durante el periodo 2023-2024, pero las dependencias dijeron no contar con la información, pues “no se han destinado o erogado recursos”.
Francisco Garduño, comisionado del INM, ha realizado viajes a Ciudad Juárez, Chihuahua, durante 2023-2024 para presentarse a firmar cada 15 días por el caso del incendio de la estación migratoria en esa ciudad, el 27 de marzo de 2023, que dejó 27 heridos y 40 muertos.
El 30 de abril de 2023 un juez decidió vincular a proceso al comisionado del INM por el ejercicio indebido del servicio público, luego de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes. Además, el juez no le dio prisión preventiva, pero Garduño deberá acudir a firmar los martes de cada 15 días.
En contraste, el 12 de agosto del presente año se negó por segunda ocasión una “solución alterna”, que buscaba Francisco Garduño con el propósito de suspender el proceso en su contra por el incendio en la estación migratoria.
La intención de Garduño fue rechazada por el juez de Control, Víctor Manlio Hernández Calderón, quien declaró que era improcedente la medida que intentaba el funcionario federal.
La Suspensión Condicional del Procedimiento (“solución alterna”), establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal. Francisco Garduño, a diferencia de los otros involucrados, no fue investigado por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público.
Ciela Ávila, integrante de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (AC), destacó que es cuestionable el uso de recursos públicos federales del comisionado del INM a una sola entidad federativa.
“Debe respetarse el código de ética del servicio público, deben ser más transparentes, es muy complejo que tengamos un comisionado que esté implicado en una de las tragedias por violación de derechos humanos en Ciudad Juárez y tampoco puedan informar cómo ocupan los recursos, contradice el posicionamiento de la administración anterior sobre la austeridad republicana por parte de los servidores públicos”, afirmó.
Resaltó la falta de una política migratoria, ya que está militarizada, explicó que debe tener un enfoque centrado en los derechos humanos, “lo que pase con el próximo comisionado que deben ratificar, nos va a decir cómo será el manejo de la política migratoria en México”.
Por su parte, Diana Solís, del área de Incidencia del organismo civil Derechos Humanos Integrales en Acción (AC), reflexionó que en caso de que Garduño tenga un acuerdo, quien debe responder es el comisionado, y no el Estado mexicano, ante el uso de recursos públicos en las dependencias.
“Quien está imputado es el comisionado, no el Estado; en caso de un acuerdo o sentencia, tendría que ser Francisco Garduño en función como servidor público, es cuestionable la respuesta por vía transparencia de todo el recurso público que utilizó”, subrayó.
