Encuesta del Observatorio de Alimentación Escolar indica que el Pnae opera con un déficit de R$ 4,2 mil millones; organización recomienda reajuste automático basado en el IPCA
En el extremo noroeste de Brasil, São Gabriel da Cachoeira (AM) tiene el 28% de sus 51.795 habitantes matriculados en 227 escuelas públicas. La ciudad, que también tiene el mayor porcentaje de población indígena del país, enfrenta un desafío diario apenas suena la campana del inicio del período escolar: pensar en formas de garantizar la alimentación, una decisión que, muchas veces, también puede influir el calendario escolar.
“En el contexto que vivimos, si el docente ya sabe que no habrá almuerzo, no le queda otra opción, necesita suspender la clase, ya que esto también afecta el desempeño de los estudiantes. Y cuando no suspenden, sabemos que los alumnos tampoco irán a clase. Tenemos situaciones críticas de deserción y caída del rendimiento porque no podemos garantizar la alimentación escolar”, lamenta Cenaide Lima, miembro de la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro (Foirn) y presidente del Consejo de Alimentación Escolar (CAE) de São Gabriel. la Cascada.
La situación de la ciudad no es una excepción: en los últimos diez años, el poder adquisitivo de las comidas escolares ha disminuido en la red de educación pública, con un déficit que alcanza los miles de millones. Así concluye un estudio lanzado este jueves por el Observatorio de Alimentación Escolar (ÓAÊ), que analizó la serie histórica de inflación de alimentos y la comparó con los ajustes realizados al Programa Nacional de Alimentación Escolar (Pnae) entre 2010 y 2024. Además de la encuesta, ÓAÊ lanza una campaña para concienciar a la sociedad sobre la importancia de corregir valores.
Según el estudio, el presupuesto del Pnae debería haber sido reajustado a R$ 9,9 mil millones, casi el doble de los actuales R$ 5,7 mil millones. Para el cálculo, el organismo utilizó como referencia el grupo de Alimentos y Bebidas del Índice Nacional Amplio de Precios al Consumidor (IPCA), parámetro que también aboga por su adopción para el reajuste del programa público.
“Podríamos indicar varias recomendaciones que aún sabemos que no son unánimes, ya que tenemos un país con realidades muy diferentes, por eso señalamos el IPCA porque es la inflación que cada brasileño siente en su bolsillo diariamente”, explica ÓAÊ coordinadora, Mariana Santarelli, también miembro de FIAN Brasil.
Distribución desigual
En Brasil, las comidas escolares en la red de educación pública cuentan con un subsidio: el gobierno federal realiza transferencias a los municipios a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), mantenido por el MEC y que coordina el Pnae. Los municipios y estados deben complementar el costo de los alimentos.
Sin embargo, la contribución federal no ha seguido el ritmo del crecimiento de la matrícula en educación básica: desde 2010, el aumento ha sido del 7,7%. Al mismo tiempo, la canasta básica de alimentos también se encareció, con un aumento del 210% en 17 capitales brasileñas –de R$ 211,12 a R$ 654,79, según datos del Dieese.
En la situación actual, el déficit alimentario debe ser pagado por los estados y municipios, tarea imposible de realizar para muchos territorios, según Santarelli.
“Tenemos municipios que simplemente no recaudan la cantidad mínima necesaria para completar la compra de comidas escolares; estos municipios no pueden garantizar la cofinanciación, que a menudo sólo pueden lograr las ciudades más grandes con mayores ingresos. Esta no es la situación para la mayoría”, explica.
En São Gabriel da Cachoeira, Cenaide Lima sigue la lucha por el reajuste desde hace tres años. Celebra que ya ha habido cambios, pero sólo el precio per cápita por estudiante indica que los avances están lejos de llegar a la realidad.
Débora Olímpio, asesora ejecutiva y de investigación de ÓAÊ, también destaca que, ante el aumento de los precios de los alimentos, las autoridades públicas pueden encontrar diferentes alternativas para repensar la garantía de una alimentación completa y saludable, como la agroecología; lo que falta es interés político.
“Es una agenda que debe incluirse como prioridad dentro de los gobiernos, porque la alimentación es un derecho, un derecho humano, un derecho que está previsto en la Constitución. Tenemos una política alimentaria que ya ha sido ejemplo para otros países, competencia técnica para encontrar caminos”, evalúa.
Para los alumnos de escuelas quilombolas e indígenas (la realidad de gran parte de la educación en São Gabriel), el valor diario del almuerzo es de 0,86 reales por alumno, como se indica en el sitio web del Pnae. Según cálculos que el Cenaide hizo con el apoyo de un equipo técnico del CAE, el valor debería ser de R$ 9,76 per cápita. En total, la diferencia en el valor apropiado para la red municipal de São Gabriel da Cachoeira suma un déficit de R$ 18 millones por año.
“Siempre les digo que en la ley es linda la propuesta, es lindo lo que está escrito, pero da vergüenza hablar del valor per cápita del estudiante, cuando nos referimos a la transferencia federal”, se queja.
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Los proyectos también sugieren un reajuste automático
El sitio web del Congreso Nacional presenta alrededor de 120 proyectos de modificación de la ley Pnae (Ley 11.947/09). Entre ellos está el PL 2754/23, de la senadora Teresa Leitão (PT), que establece un reajuste automático de los valores del Pnae en función de la inflación de alimentos y bebidas medida por el IPCA.
“Estamos todos los días en la puerta del gobierno presionando por el cambio, pero también sabemos que el movimiento se fortalece con el apoyo de quienes pasan por esto a diario: la tía de la comida, el director de la escuela, que hacen milagros todos los días para ganar el precio de la inflación y tratar de garantizar una comida mínimamente adecuada. Ellos son los que pueden ayudar a convencernos de que la alimentación escolar no es un subtema, es una prioridad”, destaca Mariana.
El informe buscó al Fondo Nacional de Desarrollo Educativo para comprender cómo las demandas de reajuste del Pnae están influyendo en el seguimiento del programa, pero no recibió respuesta al momento de finalizar el informe.
Preguntamos:
1) Hay proyectos de ley en trámite que defienden un reajuste automático, tomando como referencia un índice, en este caso el IPCA. ¿Cómo llegan las sugerencias al FNDE?
2) ¿Se están evaluando otras propuestas para un seguimiento más sistemático del poder adquisitivo de las comidas escolares? ¿Cual?
3) Las ciudades brasileñas viven realidades muy variadas, lo que ha provocado desigualdad en relación a la transferencia de valores, con municipios que no pueden afrontar, al igual que otros, el monto que no cubre el subsidio federal. ¿Cómo piensa responder el gobierno federal a este desafío?