Las detenciones de inmigrantes en México están aumentando, aun cuando la violencia en las fronteras sur y norte hace que el viaje a Estados Unidos esté cada vez más lleno de peligros.
Mientras una nueva caravana de migrantes salía de Chiapas esta semana, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el número de migrantes detenidos en México durante los primeros dos meses de 2024 aumentó un 218% respecto al mismo período del año anterior.

Durante enero y febrero de 2023, las autoridades mexicanas detuvieron a 75,401 migrantes; este año, 239.948 migrantes fueron detenidos durante el mismo período. El total de este año es el más alto para enero-febrero desde 2018, informó el periódico El Economista.
Datos de la Segob muestran que la mayoría de los inmigrantes indocumentados detenidos por las autoridades migratorias fueron de nacionalidad venezolana (56.312), seguidos de guatemaltecos (28.250) y hondureños (25.924).
Casi la mitad de las detenciones de migrantes contabilizadas por la Segob (109.677) tuvieron lugar en el estado de Tabasco, en la costa sur del Golfo, y otras 71.510 registradas en el estado de Chiapas, que hace frontera con Guatemala.
El jueves, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una ONG de derechos humanos, también emitió un informe que llamó la atención sobre la violencia que enfrentan los migrantes cuando llegan a la frontera norte de México.

WOLA entrevistó al personal de los albergues para migrantes y sus conclusiones revelaron que al llegar al estado fronterizo de Tamaulipas, los migrantes y solicitantes de asilo son objeto de secuestro sistemático, violencia sexual y abuso físico y psicológico por parte de los cárteles de la droga que se han diversificado en el tráfico de personas.
Las bandas criminales interceptan autobuses llenos de inmigrantes y los secuestran en refugios y campamentos, extorsionando a las víctimas y a sus familias en sus hogares. Lo más inquietante es que el informe de WOLA incluyó testimonios que alegaban complicidad oficial en el abuso que sufren los inmigrantes. Esa complicidad adopta formas tanto activas (la organización informa haber escuchado historias de policías estatales que “venden” migrantes a los cárteles) como pasivas, como cuando las autoridades no reaccionan ni investigan los secuestros de migrantes, “a veces respondiendo a las llamadas de ayuda con silencio o negativas”. .”
La violencia en la frontera sur también es motivo de preocupación. A finales del mes pasado, un video de un enfrentamiento entre un oficial de inmigración y migrantes empuñando palos para evitar ser detenidos se volvió viral. El funcionario migratorio y un contingente de la Guardia Nacional (GN) intentaban aprehender a integrantes de una caravana que transitaba por la carretera Costera en Mapastepec, Chiapas.
Testigos dijeron al periódico La Silla Rota que más de 100 migrantes fueron detenidos y desde entonces se desconoce su paradero, un incidente que, según los activistas, ilustra la falta de respeto por los derechos humanos de los migrantes en México.
También el mes pasado, el periódico El País informó que la última caravana de migrantes se dirigía hacia el norte desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, huyendo de la violencia relacionada con los cárteles.
El País informó que Tapachula está asediada por bandas criminales rivales que luchan por el control del tráfico de drogas y las rutas de tráfico de personas, lo que provocó un aumento en los secuestros y asesinatos.
Violencia en Chiapas ha ido en aumento desde que el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a desafiar el dominio del Cártel de Sinaloa en el estado.
con informes de El Economista, El País y La Silla Rota