Después de aprobar la controvertida reforma judicial del gobierno federal a principios de este mes, los legisladores del partido gobernante Morena y sus aliados ahora se están preparando para aprobar un proyecto de ley constitucional que colocaría a la Guardia Nacional (GN) bajo control militar.
Y pueden lograr su objetivo antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato de seis años el 1 de octubre, y así entregar un segundo regalo de despedida muy deseado al líder de 70 años.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que esta semana podría realizarse una votación sobre la propuesta de reforma que López Obrador envió al Congreso en febrero.
“Vamos a deliberar y, según sea el caso, aprobar… la reforma de la Guardia Nacional”, dijo.
Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuentan con una supermayoría en la Cámara de Diputados que les permite aprobar reformas constitucionales sin el apoyo de los partidos de oposición.
Ignacio Mier, vicepresidente de Morena en el Senado, dijo que espera que el próximo lunes se inicie el debate del proyecto de reforma de la GN en las comisiones de la Cámara Alta, luego de su aprobación en la Cámara Baja del Congreso.
Morena, el PT y el PVEM están a un voto de una supermayoría en el Senado, pero lograron encontrar un voto adicional para aprobar la reforma judicial la semana pasada.
El aspecto más controvertido de la reforma de la Guardia Nacional es la disposición de colocar la fuerza de seguridad bajo el control de la Secretaría de Defensa (Sedena).
A finales de 2022, el Congreso aprobó un proyecto de ley respaldado por López Obrador que modificaba cuatro leyes secundarias y allanaba así el camino para que la GN pasara a estar bajo el control del ejército.
Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó en abril de 2023 que la transferencia del control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad civil a la Sedena era inconstitucional, decisión que enfureció al presidente.
López Obrador, quien sostiene que la Guardia Nacional debe estar bajo el control de los militares para prevenir la corrupción y garantizar el profesionalismo de la fuerza, preparó posteriormente un proyecto de ley constitucional para volver a otorgar a la Sedena la responsabilidad de la fuerza de seguridad creada por su administración.
La GN se estableció en 2019 bajo un mando civil consagrado constitucionalmente.
Los partidos de oposición, críticos del gobierno y algunas organizaciones de derechos humanos señalaron la transferencia del control de la Guardia Nacional al ejército en 2022 como otro ejemplo de la militarización de México que, según dicen, ha ocurrido durante el gobierno actual. Human Rights Watch ha advertido que la política de seguridad militarizada del gobierno corre el riesgo de facilitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad y no lograr reducir los delitos violentos.
López Obrador ha dependido en gran medida de las fuerzas armadas durante su sexenio, utilizando las diferentes ramas del ejército para la seguridad pública, la construcción de infraestructura y la gestión de puertos, aeropuertos y aduanas, entre otras tareas no tradicionales.
En total, su proyecto de ley de la GN busca modificar 12 artículos de la constitución. Entre sus objetivos se encuentran:
- Adjuntar la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa.
- Definir a la Guardia Nacional como una fuerza profesional de seguridad pública que forma parte del ejército pero cuyos miembros tienen formación policial.
- Autorizar al Congreso a ratificar los nombramientos de alto rango de la Guardia Nacional realizados por el presidente.
- Autorizar al presidente a utilizar la Guardia Nacional tanto para fines de seguridad interior como de defensa exterior.
- Dar al personal de la Guardia Nacional los mismos derechos y beneficios que los miembros de las fuerzas armadas.
- Facultar a la Guardia Nacional para realizar investigaciones bajo el mando y dirección de la Procuraduría General de la República.
La Guardia Nacional tiene actualmente alrededor de 130.000 miembros desplegados en las 32 entidades federativas de México. El personal de la GN supera en número a los policías en 21 estados, informó el martes el diario Reforma.
La fuerza de seguridad desempeña un papel clave en la lucha contra el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, y también ha sido utilizada por el gobierno para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
Cuando se inauguró la GN el 30 de junio de 2019, el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Durazo, declaró que el establecimiento de la Guardia Nacional “marcaría el comienzo del fin de la violencia en nuestro país”.
«Con total responsabilidad, podemos decir que… los días más oscuros de inseguridad quedarán en el pasado», dijo.
Sin embargo, las cifras de homicidios continuaron aumentando en la primera mitad del sexenio de López Obrador antes de disminuir en años más recientes, pero permaneciendo muy altas.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum apoya plenamente que la Guardia Nacional esté bajo el control del ejército, así como varios otros proyectos de ley constitucionales que el presidente envió al Congreso a principios de 2024.
con informes de Reforma y El Financiero
