El Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que México es el cuarto país con menor participación económica de las mujeres en América Latina.
«Promover la inclusión de más mujeres en el mercado laboral y mejorar sus condiciones para que favorezcan su crecimiento no solo beneficia a la mitad de la población, sino a sus familias, y a su vez es estratégico para potenciar la competitividad del país», asegura el IMCO.
En el marco del Día Internacional de la Mujer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y ONU Mujeres México, analizó una serie de indicadores de género dentro del hogar y el mercado laboral, con un enfoque en los puestos de liderazgo tanto del sector privado como del público.
En este documento se plantean propuestas con base en evidencia para impulsar la participación económica de las mujeres. Estas propuestas, en el contexto electoral actual del país, pueden enriquecer las agendas de las y los candidatos a nivel federal y local.
BRECHAS DE GÉNERO EN EL HOGAR
Las mujeres desempeñan primordialmente las labores del hogar y de cuidados, tareas indispensables para la reproducción cotidiana de las familias y sus integrantes, así como para el funcionamiento y bienestar de la sociedad. A pesar de ello, no tienen una remuneración a cambio. Mientras que en promedio los hombres dedican 16 horas al trabajo del hogar y de cuidados no remunerado a la semana, las mujeres dedican 40 horas. Además, 17.2 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, en contraste con 992 mil hombres que se dedican a estas labores de manera exclusiva. Es decir, hay 17 veces más mujeres que hombres en esta situación.
Además del trabajo de cuidados, las mujeres también dedican más tiempo a realizar otras tareas indispensables para el sostenimiento del hogar y sus miembros, como la limpieza, las compras o la preparación de alimentos.
El trabajo no remunerado tiene un valor económico para el país, el cual el INEGI estima que asciende a 7.2 billones de pesos. Es decir, si el trabajo no remunerado fuera una industria, tendría una equivalencia a 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cifra por encima del valor de sectores económicos como la industria manufacturera (22%) o el comercio (22%).
Si se suma el valor de las tareas del hogar y de cuidados, las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres por el trabajo no remunerado que realizan.
Esta distribución desigual limita el tiempo disponible que las mujeres pueden invertir en su desarrollo y crecimiento profesional. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) del INEGI, nueve de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral por realizar tareas de cuidados son mujeres.
BRECHAS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL
En México la participación de las mujeres en la economía remunerada alcanza 46% mientras que la de los hombres asciende a 77% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Sumado a que, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha cambiado poco en las últimas casi dos décadas. Entre 2005 y 2023 esta creció cinco puntos porcentuales al pasar de 41% a 46% en este periodo de tiempo. A este ritmo, tomaría 119 años que las mujeres alcancen la tasa de participación económica de los hombres.
Las mujeres que participan en el mercado laboral tienden a enfrentar condiciones laborales desfavorables entre las cuales se encuentran:
–Altas tasas de informalidad. 55% de las mujeres tienen un empleo dentro de la informalidad en comparación con 49% de los hombres en esta misma situación. Esto implica que más de la mitad de las trabajadoras en el país no tiene certidumbre jurídica, carece de acceso a servicios de salud y no cuenta con prestaciones laborales. En otras palabras, sus posibilidades de acceder a servicios de salud y protección social están sujetas a la formalidad de su trabajo. La informalidad también implica que las mujeres en esa situación ganan, en promedio, 48% menos que sus pares en trabajos formales.
–Brecha de ingreso por género. En promedio, las mujeres ganan 6 mil 360 pesos al mes, mientras que los hombres perciben 9 mil 762 pesos. Esto se traduce en una brecha de ingresos de 35% de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH). Es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 65 pesos.
–Violencia laboral. Tres de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida. El tipo de violencia que reportan las mujeres con mayor frecuencia es la discriminación por razones de género, que se refleja en situaciones como tener menos oportunidades que un hombre para ascender o recibir un menor pago que sus pares hombres. 24% de las trabajadoras entre 25 y 34 años declaró vivir una situación así. Sin embargo, únicamente 8% de mujeres solicitó apoyo o denunció la discriminación que enfrentó. La razón principal para no hacerlo fue por considerarlo algo sin importancia (32%) seguido por miedo a las consecuencias o amenazas (22%).
Estas disparidades en el mercado laboral tienen como resultado una menor autonomía económica para las mujeres. En México, 24.5% de las mujeres no cuenta con ingresos propios. Además, dependen en mayor medida que los hombres de transferencias económicas de terceros, provenientes de programas gubernamentales, remesas o transferencias familiares. Para las mujeres, 54% de sus ingresos provienen de fuentes terceras, mientras que para los hombres esta proporción desciende a 31%. Esto implica que las mujeres tienen menor independencia económica, lo que puede resultar en limitar su autonomía en la toma de decisiones.
BRECHAS DE GÉNERO EN PUESTOS DE LIDERAZGO
Sin dejar de lado una serie de factores estructurales como la violencia generalizada, las prácticas culturales o los estereotipos de género, las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el hogar debido a una mayor carga de trabajo no remunerado y las condiciones desfavorables dentro del mercado laboral también se traducen en una baja presencia de mujeres en puestos de liderazgo tanto e.n el sector privado como en el público.
En las empresas. El talento de las mujeres se pierde a medida que se asciende en la escalera corporativa. De acuerdo con el estudio elaborado por el IMCO en alianza con Kiik Consultores, aunque las mujeres representan 43% de la plantilla laboral de las casi 200 empresas analizadas, la proporción disminuye a medida que aumenta el nivel jerárquico.
Las mujeres ocupan 25% de las direcciones de áreas jurídicas, 11% de las direcciones de finanzas y solo 4% ocupa una dirección general.
La presencia de mujeres en consejos de administración en México es de 13%, 17 puntos porcentuales debajo del promedio mundial.
De seguir la tendencia actual, el país alcanzará la paridad de género en los consejos de administración de las empresas hasta 2052.
En el sector público. Aunque la presencia de cuotas de género permitió la entrada de más mujeres en cargos políticos, el panorama del sector público refleja ciertas similitudes con el privado.
México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico en el sector público.
Dentro de las secretarías de Estado a nivel federal, las mujeres ocupan 47% de los puestos de enlace –nivel de menor jerarquía–, sin embargo esta proporción se reduce a 33% en los puestos de mando superior (subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales).
Esta baja representación de mujeres se traduce, a nivel agregado, en menores ingresos para las mujeres que trabajan en las secretarías de Estado. La brecha de ingreso por género en los puestos de mando es de 11%, es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe 89 pesos en los puestos de mando en las secretarías.
PROPUESTAS PARA AVANZAR
En un contexto donde persisten estereotipos de género, las mujeres son las cuidadoras primarias y frente a un mercado laboral poco flexible, el crecimiento de las mujeres a puestos de mayor jerarquía también se ve limitado por la maternidad y el cuidado de otras personas integrantes de sus familias. De acuerdo con una encuesta del IMCO sobre crecimiento profesional con perspectiva de género, 51% de las madres respondieron haber pausado su carrera profesional por razones personales en comparación con 20% de los padres.
En línea con el lema «Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad» establecido por ONU Mujeres a nivel global para el Día Internacional de la Mujeres 2024, el IMCO, INMUJERES y ONU Mujeres México proponen redistribuir el trabajo de cuidados e invertir en ellos. Establecer un Sistema Nacional de Cuidados, es decir, un sistema de coordinación entre instituciones públicas que atienda las necesidades de cuidados del país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que se requeriría de una inversión pública anual equivalente alrededor de 1.4% del PIB nacional, la cual podría ser financiada por un sistema tripartito entre el Estado, las empresas y los colaboradores.
Para lograrlo, es necesaria una reforma constitucional que reconozca que toda persona tiene derecho al cuidado digno, así como el derecho a cuidar. La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en 2020, pero queda pendiente la aprobación por parte del Senado y de la mayoría de los congresos locales. Posterior a ello será necesario expedir las leyes y normas secundarias correspondientes para establecer las atribuciones, competencias y responsabilidades de los gobiernos en esta materia para cada institución y orden de gobierno, así como otorgar las facultades para diseñar la política nacional de cuidados la cual contemple sus fuentes de financiamiento, la cual no existe en la actualidad.
Entre las principales políticas destacan las licencias de paternidad o licencias parentales, estas últimas tienden a cubrir periodos más largos que son compartidos entre ambos padres. En el caso de México, es necesario avanzar hacia permisos de paternidad que se parezcan cada vez más a las licencias de maternidad, es decir, de la misma extensión (pasar de 5 a 84 días naturales), obligatorios, con goce de sueldo y financiados por la seguridad social.
Sin dejar de lado políticas que promueven la inclusión de mujeres como la flexibilidad de horarios, trabajo a distancia o híbrido, espacios de lactancia y programas de retorno escalonados después de la maternidad. En este sentido, existen algunos mecanismos como la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX 025) impulsada por INMUJERES, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), la cual reconoce a los centros de trabajo que implementan políticas para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
«Los centros de trabajo que quieran incursionar o avanzar hacia una mayor igualdad de género pueden apoyarse en organizaciones y recursos especializados en la materia para informar el diseño y la implementación de políticas de inclusión. Utilizar herramientas existentes puede ahorrar tiempo y recursos, además de mejorar los resultados», Asegura el IMCO.
Algunas opciones de libre acceso son: Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidades y las Guías de implementación de diversidad e inclusión: Igualdad de género del Consejo Coordinador Empresarial y el Pacto Mundial México.
El IMCO concluye que la inversión en políticas que promuevan el avance hacia la igualdad de género es esencial desde una perspectiva de derechos humanos y constituye un pilar fundamental para la creación de sociedades inclusivas: «Todos los sectores tienen la capacidad de contribuir a la construcción de sociedades más igualitarias e inclusivas, y a la formación de economías competitivas que beneficien a todas las personas».
