Ciudad de México. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados reinició hoy, como adelantó este diario, el juicio de desafuero contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el presunto delito de ejercicio indebido de servicio público.
El órgano jurisdiccional notificará mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) y al fiscal de la reanudación del proceso que inició en 2020 en su contra. Además, empieza a correr el plazo de siete días hábiles para que las partes presenten sus alegatos y pruebas.
Al término, inicia otro periodo de 30 días para el análisis del expediente, informó el presidente de la instancia legislativa, Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena).
“Uriel Carmona tiene siete días para ampliar lo que considere favorable, después de que enel pasado procedimiento presentó 250 fojas. La idea es cuidar el debido proceso del imputado, considerando la presunción de inocencia”, sostuvo.
Los integrantes de la Sección Instructora se reunieron de manera extraordinaria esta noche para retomar el caso, una vez que recibieron el expediente iniciado en la legislatura pasada, en acatamiento a una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estamos reanudando el procedimiento del juicio de procedencia de la LXIV Legislatura” contra el fiscal Carmona Gándara, explicó Pérez Bernabe, quien no quiso comprometerse con una fecha de resolución.
“Esta Sección Instructora estará abierta en todo este procedimiento para que las partes puedan entregar lo que a ellos corresponda”, insistió.
El 14 de septiembre de 2021, la actual legislatura aprobó el dictamen que dejó el anterior titular de la instructora, Pablo Gómez Álvarez, en el cual se concluyó que Carmona Gándara no tiene fuero. Sin embargo, a partir de esa resolución, el Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional, que derivó en la Corte, misma que en julio determinó que el fiscal sí tiene fuero.
El proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público contra Carmona Gándara se inició en 2020, a partir de dos denuncias, presentadas en mayo y octubre de ese año.
La FGR determinó que el fiscal fue designado y ejerce el cargo desde 2018 aun cuando no cumple con los requisitos legales y constitucionales exigidos para ocuparlo, pues aparecía como inactivo en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y no contaba con evaluaciones de control y confianza, que son requisitos indispensables.
Además, ya como fiscal designó a los fiscales especializados de combate a la corrupción, regional zona sur poniente, regional zona oriente, en desaparición forzada de personas y de representación para grupos vulnerables, aun cuando éstos tampoco habían aprobado los exámenes de control de confianza.
En julio, la Corte concluyó que los fiscales sí cuentan con fuero, por lo cual la Cámara de Diputados instauró el juicio de procedencia en contra de Uriel Carmona.
