El Ejército y la Marina han empezado a recibir un subsidio millonario de las concesionarias privadas de aeropuertos para financiar la operación de las 21 terminales que les entregó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el tercer trimestre de 2024, ambas dependencias terminaron de formalizar la creación de dos nuevos fideicomisos, ordenados por una reforma de finales de 2023 por la que se adicionó el artículo 220-A de la Ley Federal de Derechos.
Dicha reforma obliga a los concesionarios privados a pagar 9 por ciento de sus ingresos brutos por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
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“Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho se concentrarán en la Tesorería de la Federación y se destinarán a las Secretarías de la Defensa (Sedena) y de Marina (Semar) para el fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo su coordinación, a través de los fideicomisos públicos federales sin estructura que se constituyan para tal fin”, establece.
Al cierre de septiembre, la Sedena ya tenía mil 309 millones de pesos en su Fideicomiso para el Fortalecimiento del Sistema Aeroportuario, mientras que la Semar reportó mil 186 millones.
La Sedena tiene dos paraestatales: Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), por una parte, y Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), que controla 12 terminales, entre ellas las de Tulum, Campeche, Nuevo Laredo y Chetumal.
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Por su parte, el Grupo Aeroportuario Marina (GAM) tiene seis terminales, incluidas las de Matamoros, Ciudad del Carmen y Colima, y además, cuenta con participación accionaria en el aeropuerto de Toluca.
El nuevo subsidio también podría beneficiar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al que la Marina entregó la titularidad de las asignaciones de los demás aeropuertos de GAM.
La mayoría de las terminales traspasadas a los militares eran manejados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y están entre las que menos operaciones registran.
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Las empresas paraestatales de la Sedena y la Semar reciben un trato diferenciado, previsto desde mayo de 2023 en la Ley de Aeropuertos, pues no son concesionarias, sino asignatarias por tiempo indefinido de sus terminales.
Dichas empresas sólo tienen que pagar 5 por ciento de sus ingresos brutos por el derecho de uso, goce o explotación de aeropuertos federales, pero el dinero no tiene que ir a los fideicomisos, a diferencia de lo que pagan los concesionarios privados.