Un tribunal federal anuló la sentencia de 45 años de prisión impuesta en diciembre de 1994 a Mario Aburto por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
La Primera Corte de Apelaciones en lo Penal del Segundo Circuito, ubicada en el estado de México, ordenó el jueves la nulidad tras dictaminar que el caso de Aburto no debió ser juzgado bajo el código penal federal, sino bajo el de Baja California, donde ocurrió el asesinato.
También encontró diversas irregularidades en el proceso de Aburto, entre ellas que “hubo una defensa inadecuada en su aspecto material y el juez omitió recolectar varias pruebas”.
El código penal de Baja California fija una pena máxima de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, mientras que el código federal permite hasta 50. Aburto alcanzará los 30 años de prisión el 23 de marzo de 2024, pero podría salir en libertad antes de esa fecha. El Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones en lo Penal se cuidó de asegurar que quedará en libertad independientemente de cómo avance la investigación de su juicio.
“Se considera necesario que esta violación procesal sea reparada por la autoridad responsable sin necesidad de revertir el proceso penal, a fin de no demorar… su derecho a la libertad personal o a la pronta justicia”, resolvió la Corte de Apelaciones en lo Penal.
Colosio, candidato presidencial por el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado a tiros durante un mitin de campaña en Tijuana el 23 de marzo de 1994. Aburto niega haber matado al candidato y afirma que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) lo torturó para que hiciera la confesión que se utilizó en su condena nueve meses después.
En 2021, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) presentó un recurso de amparo a favor de Aburto, argumentando que se le había negado el debido proceso. El jueves, el Tribunal Colegiado respaldó esta posición y dictaminó que las denuncias de tortura de Aburto deben ser investigadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplaudió la decisión del tribunal, que se describe como “un paso más hacia el logro de la verdad y la justicia en un caso… plagado de irregularidades, omisiones y encubrimientos y que tarde o temprano deberá ser completamente esclarecido”.
Se refirió a su propia recomendación de octubre de 2021, que señalaba que “la confesión de Aburto había sido obtenida bajo tortura; en innumerables ocasiones desde su detención sostuvo que no era responsable y que había sido sometido a torturas; y esto nunca fue evaluado; el proceso adoleció de defectos y fallas que derivaron en graves violaciones, incluida la vulneración del derecho a la verdad que merecemos todos los mexicanos”.
La CNDH también criticó sus propias acciones anteriores, argumentando que “si bien la CNDH estaba consciente de todo esto, nunca hizo nada para defender a las víctimas ni para garantizar un proceso justo y conforme a la ley”.
Luego de confirmar esta semana la anulación de la sentencia de Aburto, un tribunal federal solicitó 90 días para modificar la sentencia de conformidad con las leyes de Baja California. El tribunal que ordenó la nulidad concedió sólo otros diez días hábiles.
La CNDH ha solicitado salvaguardas para la seguridad de Aburto tras su liberación.
con informes de Proceso, Milenio, cnn y El Economista
